Aprueban maestros en exámenes de “presión” social

Derribar la reforma educativa a costa de todos, objetivo de la CNTE

Como si le faltaran crisis sociales al gobierno de Enrique Peña Nieto, la resistencia violenta que viene ejerciendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, para derribar por los medios que sea la recién aprobada Reforma Educativa, alcanza ya niveles de desquiciamiento vial nunca antes vistos. El recurso de las movilizaciones, marchas, plantones y cierre de escuelas y de avenidas, es un estandarte que ya supera las meras exigencias magisteriales y que hoy engloba peticiones de cualquier índole: justicia en Ayotzinapa, saneamiento de Petróleos Mexicanos, nueva reforma fiscal, transparencia en la administración pública, etcétera.

El movimiento magisterial ha crecido exponencialmente, diario se suman contingentes que lo mismo abarcan a intelectuales e investigadores que a grupos violentos y de choque. Tras sus demandas más puntuales, otras múltiples voces inconformes ponen en jaque al gobierno capitalino y a una docena de entidades más, en cuyos territorios también se ejercen medidas de presión y de bloqueos. Como siempre, son los grupos pacíficos quienes sufren las consecuencias del caos.

Legiones de padres de familia y de estudiantes desmoralizados muestran su indignación por las escuelas en paro y las puertas cerradas, los cursos han sido aniquilados ante la cerrazón de profesores que pareciera únicamente velan por intereses propios y de sus líderes. Asimismo las cámaras de comercio le exigen al presidente Peña Nieto termine con los bloqueos que han propiciado diariamente pérdidas millonarias en la venta de sus productos y de sus actividades normales. Cuando el gran capital muestra semejante descontento, significa que uno de los principales brazos que sostienen la economía de una región pende en peligro.

De forma reiterada los voceros de la CNTE anuncian que no cejarán en sus mecanismos de presión. Tan pronto aceptan dialogar con la secretaria de Gobernación y su titular Miguel Ángel Osorio Chong, con el argumento de que desean cooperar para establecer acuerdos definitivos, y de pronto anuncian rupturas y otra vez emiten fuertes pronunciamientos y nuevas estrategias de contra ataque. Inclusive ya tienen agendadas marchas y mítines para todo el mes de agosto y, si fuera necesario, permanecerían en la plancha del Zócalo inclusive el 15 de septiembre y durante la ceremonia del grito de Independencia. Esta clase de movilizaciones, pues, llegaron para quedarse, y tras la genuina petición de obtener mejoras salariales y un cambio profundo en el concepto educativo que hoy tenemos, se esconden también los grupos de choque y el deseo, ya no tan oculto, de sembrar discordia y desestabilidad entre los mexicanos.

MOTIVOS DE LA INSURGENCIA

Pese a que es un tema actual y que muchos de los habitantes del Valle de México venimos padeciendo, mucha gente ignora los motivos cabales que dieron origen a tan mayúsculo conflicto que trasciende salones de clase. Los maestros piden que se revierta la reforma en su totalidad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige al gobierno federal y al Congreso de la Unión la abrogación de la reforma educativa y de las reformas hechas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El cambio al artículo 3° contempla establecer el Servicio Profesional Docente, además de elevar a rango constitucional al Instituto de Evaluación Educativa, para darle autonomía. Aseguran que pugnarán por una reforma en la que la educación sea un derecho, debe ser gratuita y, además, la creación de un nuevo modelo educativo, y el respeto a los derechos laborales de los maestros.

La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, por ejemplo, es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo. Otra demanda es incluir en la ley estatal la obligación de incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas.

La Asamblea Nacional de la CNTE determinó no iniciar el ciclo escolar 2013-2014, convocando al paro indefinido de labores y la concentración masiva de los contingentes, a partir del lunes 19 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. La idea es desarrollar jornadas intensas de lucha,  por defender la riqueza nacional, los energéticos, la educación pública, la defensa de los sistemas de justicia y seguridad social, comunitarios y populares; y contra la reforma fiscal.

En asamblea definieron dividir su agenda en tres grandes jornadas de lucha, así que organizaciones sociales saldrán a las calles en las siguientes fechas: del 19 al 26 de agosto, contra reforma educativa, del 28 de agosto y hasta el primero de septiembre, jornada en defensa de los energéticos y contra la reforma fiscal, y del 12 al 15 de septiembre, jornada de lucha contra las reformas estructurales y por el rescate de la Nación.

Como ya citamos, la CNTE advirtió que podría permanecer en la plancha del Zócalo capitalino de manera indefinida. Incluso hasta el 15 de septiembre, día del Grito de Independencia. No aceptarán ninguna evaluación de manera estandarizada, argumentando que, con ello, se agrederían los derechos laborales de los trabajadores, pues una vez que los maestros cumplen más de seis meses de servicio, automáticamente se convierten en un trabajador de base, y, afirman, no tienen por qué estar sujetos a evaluaciones.

La CNTE plantea un modelo alternativo de educación con una visión “integral y humanista, donde se enseña no para los valores del mercado, sino para la búsqueda de la solidaridad y el bien común”. Y como, según ellos, lo que propone el gobierno federal con su reforma educativa, es una “profunda modificación de nuestras condiciones laborales, el tema pedagógico simplemente no se toca”. Piden también la asistencia de Emilio Chuayffet, secretario de Educación, a sus asambleas.

La liberación de cinco maestros detenidos por secuestro. Son de la Sección 22 de la CNTE, y tres son miembros del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), que a su vez es parte de la APPO.

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NOCHIXTLÁN, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Es Oaxaca el estado donde se han recrudecido los enfrentamientos entre la policía y el contingente de profesores, especialmente en puntos como Nochixtlán, lugar donde a finales de junio se desarrollaron actos violentos que dieron por resultados ocho personas muertas, decenas de heridos, la renuncia de Adelfo Regino Montes, ex secretario de Asuntos Indígenas, y el entredicho a la administración de Gabino Cué por permitir estos actos, debido a que, por sus omisiones, “se abre una vieja herida que nos duele e indigna a todos, en que la muerte y el dolor abrazan a familias oaxaqueñas”, escribió Regino Montes en una carta.

A menos de seis meses de que culmine la administración estatal, el funcionario presentó su carta de renuncia al gobernador Gabino Cué Monteagudo y lamentó la pérdida de los objetivos en la administración, y no garantizar los derechos de los pueblos indígenas, como sucedió, reiteramos, en el desalojo del bloqueo en la carretera federal 190, en inmediaciones de Asunción Nochixtlán.

Maestros destacados en otras partes del país compararon el desalojo ocurrido en Oaxaca con la matanza del 68 en Tlatelolco, porque el “Estado mexicano vuelve a asesinar a su propio pueblo”. Reiteraron que su lucha es “en defensa de la educación pública y por la desaparición de la ‘ley de educación’, además de enfrentar la intransigencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño y el presidente Enrique Peña, quienes en lugar de buscar una solución pacífica al reclamo magisterial lo agravan día a día”.

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Los delegados magisteriales apostados en la ciudad de México, y los del estado de México y de Morelos, repudiaron “la masacre” en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, donde perdieron la vida al menos ocho personas, bajo tal perspectiva emitieron  un comunicado conjunto, en el que aseguraron que aún no se ha determinado el número de desaparecidos y los muertos podrían ser más, además de que tienen conocimiento del encarcelamiento de 15 personas.

Exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer; así como también la del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y del actual gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. En un primer comunicado de cinco puntos, demandaron la instalación de una mesa de diálogo con presencia de organismos defensores de los derechos humanos, tanto del ámbito local como internacional. Pidieron la presentación con vida de los desaparecidos y que sean liberados todos los detenidos. “Hoy más que nunca el paro nacional se justifica, a multiplicar las acciones combativas, contundentes, organizadas y disciplinadas de brazo con el pueblo” indica el pronunciamiento.

Días más tarde informes oficiales confirmaron que en dicho enfrentamiento hubo ocho muertos y un centenar de policías lesionados en el choque entre uniformados y miembros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Nochixtlán, Oaxaca. Se precisó que ninguno era maestros. El fiscal general de Oaxaca, Joaquín Carrillo, dijo que se recogieron siete cadáveres, que según las necropsias fueron víctimas de disparos de armas de fuego.

También se examinó un octavo cadáver, dijo Carrillo. En este caso se trató de una víctima de la manipulación de un artefacto explosivo. Carrillo remarcó que ninguno de los muertos era profesor. El informe oficial confirmó el número de víctimas que reportó la mañana del lunes la CNTE en Oaxaca.

Además señaló que hay 23 detenidos, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Agregó que solicitó colaboración de la Procuraduría General de la República en la investigación. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que el uso de armas por parte de la policía fue decidido por un mando colegiado que operaba desde la ciudad de Oaxaca. Confirmó, además, que hay aún tres federales retenidos en Nochixtlán.

Galindo informó que tres de los uniformados heridos lo fueron por arma de fuego, y otros tantos por cohetones, petardos y por objetos punzocortantes, particularmente machetes. De ellos, dijo, aún permanecen hospitalizados 12, cuya vida está fuera de peligro. El comisionado explicó que las policías Federal y Estatal fueron agredidas inicialmente “por grupos radicales”. Relató que hubo cohetones y petardos, que causaron los primeros policías lesionados y se escucharon detonaciones por arma de fuego. Puntualizó que las policías decidieron un repliegue, pero más tarde se enfrentaron “a más de diez tipos de resistencias” a lo largo del camino entre Nochixtlán y Oaxaca., lo que más tarde se desarrolló es del conocimiento público.

Más allá de las trágicas consecuencias y de las secuelas legales de la violencia que estamos presenciando, es claro que la cerrazón oficial, lejos de debilitar la oposición magisterial a la reforma educativa, la ha extendido, la ha enconado y ha propiciado la aglutinación de diversos sectores y de organizaciones sociales y políticas en torno a la lucha de la CNTE y de la sección 22 del magisterio.

Es momento de escuchar el clamor de las múltiples voces institucionales, políticas, sociales e individuales que demandan el inicio de un proceso de diálogo en torno de las normas implantadas en 2012 y 2013, abrir el cauce a una negociación que permita conciliar las razones oficiales con las de los maestros inconformes y hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Y no únicamente, dejar guiarse por las voces de empresarios y del gran capital que pareciera que sus únicos intereses son los que las autoridades correspondientes deben velar.

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