Crecen autodefensas, crece suspicacia

Pese a que la violencia en Michoacán ha disminuido, las expectativas de los mexicanos sobre una mejoría en la seguridad pública —no sólo en la entidad sino en el resto del país— distan de lo óptimo. Datos de la encuesta de seguridad del INEGI (ENSU) muestran que para el 60.8 % de la población la situación de delincuencia en su ciudad seguiría igual de mal (36.8 %) o empeoraría (24 %)[13].Pero en el centro de las comunidades en disputa, los matices entre la población son reales.

Hagamos un poco de historia. Las policías o guardias comunitarias son instituciones indígenas que se han mantenido, con distintos grados de visibilidad, paralelas a las instituciones nacionales. Para los purépechas, su nombre es: ronda comunitaria, y forma parte de los sistemas normativos y jurídicos reconocidos por la Constitución mexicana como: usos y costumbres. Los consejos ciudadanos de autodefensa se integran por mestizos o indígenas, pero formalmente carecen de derechos colectivos debido a que no forman parte de un pueblo indígena, por lo tanto, no pueden ejercer estructuras propias sin autorización del gobierno nacional.

La presencia y la visibilidad mediática de los grupos de autodefensa en algunos estados del país, principalmente en Michoacán, han llamado la atención de mexicanos y extranjeros, no sólo por la existencia de grupos civiles armados sino por la percepción de inseguridad que predomina en la población y que se manifiesta en estas organizaciones que combaten con sus propios medios al crimen organizado de la región (Zetas, Caballeros Templarios, Cártel de Jalisco Nueva Generación).

En el caso de Cherán, las demandas a los tres niveles de gobierno eran: seguridad, justicia y reconstitución del bosque; pero al no obtener respuesta y confirmar que algunas autoridades – entre ellas la policía municipal – trabajaba con los delincuentes, decidieron actuar. No lo hicieron de manera improvisada, sino que recurrieron a las instituciones y autoridades internas, entre ellas, la Asamblea General.

Para atender la necesidad imperiosa de seguridad, la comunidad reconstituyó una institución propia conocida como la ronda comunitaria. Históricamente, los indígenas poseen las rondas, guardias o policías comunitarias como parte de su gobierno. Consisten en una rotación voluntaria de comuneros para patrullar la comunidad y su función básica es la autodefensa, por lo tanto, tienen armamento y después entró el gobierno federal.

Civiles y Armados

Tras el anuncio de la estrategia para combatir la violencia, recuperar la tranquilidad y reconstruir el tejido social del gobierno federal y la administración de Michoacán, se registraron enfrentamientos en Tierra Caliente entre elementos del Ejército, Policía Federal y autodefensas que se oponían al desarme. Dichos acontecimientos fueron ampliamente conocidos por los mexicanos, de acuerdo con la última encuesta nacional en vivienda de Parametría, nueve de cada diez (87 %) personas mencionaron saber de los hechos violentos que ocurrieron después de iniciado el operativo de seguridad en la entidad.

La presencia de grupos de autodefensa en Michoacán ha generado diversos cuestionamientos entorno a si ciudadanos armados deben entenderse como una respuesta efectiva a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad frente al crimen organizado, o si son un síntoma de la ingobernabilidad e incremento de la inseguridad entre la población.

Las opiniones están divididas al respecto, sin embargo para la mitad de los encuestados, los grupos civiles armados de Michoacán defienden mejor las comunidades que el gobierno, solo el 26 % de los entrevistados piensa lo contrario y el 21 % no sabe si las autodefensas o las autoridades realizan mejor la función de salvaguardar la integridad y derechos de las personas. La percepción de seguridad que tienen los mexicanos es crítica y para algunos estudiosos en la materia bastante cuestionable, ya que la manera en que la población percibe la inseguridad y la efectividad de la policía en su ciudad, no depende de si se ha sido víctima o no de algún delito, pero sí tiene un impacto negativo en la confianza de las instituciones y en la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con una encuesta publicada por el Gabinete de Comunicación Estratégica en Michoacán, el 54 por ciento de los habitantes consideran que los grupos de autodefensa protegen a los ciudadanos del crimen y contribuyen, de alguna manera, con los trabajos de la policía. En el noticiero “Ciro Gómez Leyva por la mañana” se dieron a conocer los datos de esta encuesta, en la que también destaca el que sólo el 3 por ciento de los michoacanos creen que los grupos de autodefensa se establecieron para defender a los criminales.

Guerra de cifras

No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI: “Cuando se percibe a la policía como una autoridad efectiva, la percepción de seguridad aumenta y el temor al delito disminuye”, no obstante, para la mayoría de los mexicanos la situación se ha invertido, el temor al delito parece haberse acrecentado y la percepción de seguridad disminuido: 68 % de la población mayor de 18 años se siente insegura; por ello, no sorprende el apoyo ciudadano a la formación de grupos de autodefensa y la permanencia de estos como garantía de seguridad.

Cifras del más reciente estudio de Parametría, revelan que la mitad de los mexicanos, 51 % aprueba que algunos michoacanos hayan tomado las armas para defender y recuperar a sus pueblos de los grupos criminales, solo el 29 % desaprueba las organizaciones civiles de la entidad pese a las intenciones de las autodefensas.

El nivel de acuerdo con la formación de autodefensas es posible atribuirlo a la percepción  de ingobernabilidad que la población tiene del Estado de Michoacán: 55 por ciento de los entrevistados asegura que las organizaciones criminales dominan la entidad; 11 por ciento asevera que las autodefensas tienen el control de la entidad; 9 por ciento opina que el gobierno federal está a cargo; 7 por ciento afirma que nadie está al mando y; apenas el 4 por ciento considera que el gobierno sigue estando en manos de las autoridades locales.

Los gobiernos de la república y de la entidad, así como los grupos de ciudadanos organizados han firmado un Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán con el propósito de institucionalizar las autodefensas en cuerpos temporales de defensa rural, esto permitirá a los grupos civiles movilizarse solo en sus comunidades y coadyuvar con el Ejército y la Policía Federal a combatir a la organizaciones criminales de la región.

Uno de cada tres encuestados (33 %) aprueba el acuerdo firmado y coincide en que se debe permitir a las autodefensas seguir protegiendo a sus pueblos hasta que Michoacán quede limpia de organizaciones criminales y después se les debe pedir que se desarmen; el 29 % considera que la Policía Federal y el Ejército son los que deben encargarse de la seguridad y las organizaciones civiles deben ser desarmadas inmediatamente; en menor proporción, 19 % de los entrevistados concuerda con la permanencia de éstas en las comunidades michoacanas de manera indefinida; y otro 19 % no toma postura al respecto o prefiere no externar su opinión.

Como ya dijimos, pese a que la violencia en Michoacán ha disminuido, las expectativas de los mexicanos sobre una mejoría en la seguridad pública —no solo en la entidad sino en el resto del país— distan de lo óptimo. Datos de la encuesta de seguridad del INEGI (ENSU) muestran que para el 60.8 % de la población la situación de delincuencia en su ciudad seguiría igual de mal (36.8 %) o empeoraría (24 %)[13].

Las bajas expectativas sociales que se tiene de la seguridad que brindan las policías locales, sugieren en la ciudadanía una especie de “contagio” o propagación de la conducta civil de las autodefensas. El ejercicio de Parametría revela que la mitad de los mexicanos (48 %) cree que en sus comunidades surgirán grupos de autodefensa —tarde o temprano—. Si bien, es considerable la proporción de mexicanos que supone la proliferación de autodefensas en todo el país, también cabe mencionar que una parte importante de la población en general duda que tal cosa suceda (40 %).

Contrario a lo que pueda suponer una parte de los entrevistados, en distintas comunidades del país han surgido grupos civiles armados, similares a las de Michoacán, para responder a las crisis locales de inseguridad o para proteger los intereses de grupos específicos; registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identifican 11 entidades con  presencia de autodefensas.

Expertos en el tema suponen algunos riesgos para la gobernabilidad y beneficios en el tema de seguridad, no obstante, mientras la percepción de inseguridad en la población aumente se legitimará el surgimiento y existencia de grupos civiles armados que si bien procuran la seguridad de sus comunidades, también pueden desvirtuarse si no hay marco jurídico adecuado que las controle.

Aproximar conclusiones o emitir juicios sobre experiencias ajenas, es totalmente inútil. Lo que se puede hacer es aprender y tener en cuenta que cada colectividad es diferente. El componente étnico forma parte de esas particularidades y su trascendencia es que define las rutas, objetivos, métodos y herramientas organizativas.

Fuentes:
PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 25 al 29 de enero de 2014.
Proceso. Violencia en Michoacán persigue a Peña Nieto en Davos, 23 de enero de 2014. [Última consulta: 03 de febrero de 2014]
Encuesta BGC Excélsior, febrero 2014.